Con la fuerza de la ley

La respuesta que el Estado está dando con medida proporcionalidad pero con toda firmeza a la insólita agresión al orden constitucional que sostiene los golpistas del gobierno de Cataluña, está justificada plenamente porque la actitud totalitaria de Puigdemont y compañía está propiciando el momento más crítico desde la restauración de la democracia en 1978.

Ningún ciudadano español celoso de su libertad política y defensor de la integridad de España perdonaría la pasividad ni por parte del Gobierno de la nación, ni de los jueces, ni de sus representantes electos en las cámaras legislativas. Los tres poderes del Estado han de salir al paso de los enemigos de la democracia representativa y de la Constitución.

El desmantelamiento del referéndum ilegal marca un punto de inflexión que todo demócrata contempla con alivio y esperanza porque aquí lo que se está jugando no es un duelo de legalidades como pretende hacer ver la propaganda independentista, sino el restablecimiento de los derechos y las libertades de todos los españoles, y en primer lugar de los catalanes, cuyas instituciones han sido usurpadas por un proyecto separatista que pretende monopolizar el espacio público y excluir del debate político a los que discrepan .

El pretender desbordar el marco legal y laminar a la oposición no puede quedar impune por la gravedad que entraña y porque sentaría un precedente del que el Estado ya no se recuperaría. Si la celebración del 1-O se sumara a anteriores incumplimientos de la Generalitat, se desataría el efecto dominó del desmembramiento autonómico, empezando por el País Vasco. Por ello, la ley debe prevalecer aunque los agitadores griten, vociferen con la habitual mezcla de desobediencia, demagogia y desprecio.

Ni los portavoces de Junts pel Sí, de la CUP ni de Podemos tuvieron reparos en tachar de “presos políticos” a los arrestados y, para colmo de cinismo, el propio Puigdemont se quejó de una “agresión sin amparo judicial”, obviando el mandato del juzgado de instrucción. Resulta insultante e inaudito que quienes persiguen la liquidación de la soberanía nacional tengan la desfachatez de disfrazar como un ataque a las libertades la respuesta que articulan los poderes democráticos utilizando para ello las herramientas legales.

Especialmente irresponsable y vergonzosa es la actitud de la alcaldesa de Barcelona, que pese a declararse no independentista asume oficiosamente la vanguardia del desafío al Estado haciendo un llamamiento a ocupar las calles, mientras que en Madrid Pablo Iglesias, fiel a su estrategia de jaleo callejero frente a la política institucional, le da la réplica. Ambos líderes populistas están tratando de invertir los términos, culpando a la democracia de defenderse y no al golpismo de agredirla. No deberían engañar a nadie, tampoco a la sociedad civil sobre la que incide la propaganda de agentes tan poderosos como el Barça, parte del tejido empresarial y hasta los festivales de música.

Esta es la hora del Estado porque el Estado tiene la obligación de velar por los derechos de todos los españoles. Nadie está por encima de la ley, y mucho menos si quienes se saltan las resoluciones de los tribunales son los representantes ordinarios del Estado en Cataluña. La legalidad será restablecida en Cataluña porque ningún “iluminado” autoproclamado intérprete legítimo del pueblo está por encima del Estado de derecho, y porque el Gobierno no va a abandonar a los catalanes que se sienten españoles ni a ningún ciudadano que desee seguir viviendo en una democracia. No va a exponerles al capricho persecutorio de un régimen autoritario que ha renunciado a representar a la mitad como mínimo de sus votantes. Y lo va a hacer con la fuerza de la Ley.

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