Cuando conniven los intereses políticos-empresariales

0
35
Carlos Gustavo Rivero Quintana. Ciudadano de Telde
Carlos Gustavo Rivero Quintana. Presidente del Comité de Empresa de SIC, en el Centro de Menores de La Montañeta

Hay ocasiones en donde uno se llega a preguntar si la realidad supera a la ficción, y tras observar las contrataciones en la administraciones públicas de los servicios no dejan lugar a dudas a que muchas de las mismas no hacen hincapié en lo que aquellos que las dirigen, pregonan en campaña electoral de la lucha contra la precariedad laboral, y por la igualdad y la dignidad de los trabajadores. Y es que los políticos de nuestro país, en su mayoría mediocres, les resulta fácil pregonar pero no tanto repartir pan.

Tras las reformas laborales primero del PSOE de Sr. Rodríguez Zapatero, y la última del PP del Sr. Rajoy, muchos han sido los Convenios Colectivos de empresa que han posibilitado el descolgarse de los Convenios Sectoriales, y que han tenido como consecuencia, en la mayoría de los casos, una perdida sistemática de derechos que las generación anterior consiguiera con sangre, sudor y lagrimas, para con la escusa de la crisis amedrentar a la clase trabajadora, y con sindicatos mayoritarios desprestigiados por su inacción, llevar a un fenómeno impensable antes de la crisis, el trabajador pobre.

Poco se puede hacer con empresas privadas que contratan servicios con empresas “low-cost ó piratas”; pero lo llamativo es la clara connivencia de muchas de las administraciones públicas, y más en concreto con la mayoría de la clase política dirigente, que licitan servicios para entregarla en demasiadas ocasiones a empresas que están por debajo de los convenios sectoriales hasta un 40%, y que condenan a los trabajadores que les prestan servicios a la precariedad laboral y a la pobreza de facto.

Los sistemas para las adjudicaciones varían, no obstante hay que fijarse, y mucho, en los pliegos de condiciones (técnicos y económicos) de las licitaciones de los servicios de dichas administraciones públicas, y que no todas incluyen clausulas sociales (como: “la obligación de cumplir, como mínimo, el Convenio Sectorial del Servicio a Licitar, en vigor, en cada momento de la prestación del Servicio”) las cuales tendrían que ser de obligado cumplimiento, y deberían ser “vigiladas” por el cliente para que se cumplan, ¿lo han hecho, lo hacen ó lo harán?. La mayoría se inhiben y solo redundan en el beneficio de su administración y de sus “prioridades”, dando paso libre a empresas de las cuales se sabe no van a cumplir ese “requisito indispensable”, y que repercute en el eslabón más débil (los trabajadores) los que se ven condenados a una merma en sus condiciones laborales.

Tras esta triste realidad solo queda luchar por recuperar los derechos perdidos, desde la dignidad, la ley (huelgas incluidas) y la convicción de que el miedo no es una opción, y solo el movimiento generara condiciones que hagan del trabajo de subsistencia un mal recuerdo, para volver a dignificar el trabajo y que signifique estabilidad, progreso y calidad de vida.

SIN COMENTARIOS

Dejar una respuesta