El quilombo judicial del Gobierno ( y 2)

Hay un hecho tan cierto como la muerte y los impuestos, que la justicia nunca ha sido muy bien vista por la mayoría de la gente. Basta leer a nuestros clásicos del Siglo de Oro para comprobarlo. El descrédito no es de la Justicia, la que con mayúsculas es una virtud teologal, sino de la “presunta” arbitrariedad e imprevisión de jueces y operadores jurídicos. No sería vano recordar dos maldiciones terroríficas atribuidas a los gitanos: “que entre abogados te veas” y “pleitos tengas y los ganes”. Y aún otro aforismo muy común: “en los juzgados se ven burros volando”. Algunas de las sentencias más disparatadas dictadas en España están recopiladas por Francisco Tomás-Valiente y Paco Pardo en su hilarante libro “Antología del disparate judicial”. Bueno, en realidad la cosa es jocoseria para los lectores que nunca se han visto en tribunales, pero humillante para las víctimas de esos obvios atropellos y sinsentidos.

Por no remontarnos a perversas injerencias del Ejecutivo y de los partidos en ese quilombo judicial habidas en las últimas décadas, y porque hay unas elecciones a la vista, conviene recordar algunos hechos más cercanos que ilustran la tesis que aquí se predica. Dolores Delgado, la Ministra de Justicia en funciones de no se sabe muy bien qué, dijo en RNE-5 que la culpa de que no se hubiera renovado desde diciembre el CGPJ, fue del pepero Ignacio Cosidó por haber mandado un miserable whatsapp en el que se decía que estaban “controlando la Sala Segunda desde detrás”. Lo proclama la Ministra sociolistilla sin alterar su tono de voz, pretendiendo ser convincente, y sin reírse. Será que debe venir ya muy entrenada en eso de las tomaduras de pelo a los contribuyentes, técnicas aprendidas en las tertulias con Baltasar Garzón y Villarejo. Es que juega en campo amigo, pues sabe que el entrevistador de TVE no le va a repreguntar para que aclare tan evidente fullería. ¡Y es la ministra del ramo!

No sé muy bien quien, en el ámbito de los tribunales, ha sentado la premisa de que los ciudadanos no debamos saber a la hora de votar si algún candidato no es trigo limpio, suponiendo que alguno lo fuera, y no dudan en posponer sentencias o declaraciones hasta pasados los comicios. Mientras tanto en las televisiones se celebra el juicio paralelo con condenas previsibles si los acusados son del PP, y absoluciones con rasgada de vestiduras progres en otros casos. Dos ejemplos. Posponer la declaración de Torra hasta pasado el 10N, no fuera que algún juez independiente le quite la razón y confirme la inacción del Gobierno de España ante la chulería nacionalista campando por su respetos, a placer y con mofa ajena.

El segundo ejemplo, que en casi cualquier país sería insoportable, es que el CGPJ haya aceptado conceder una prórroga de quince días, justo hasta después de las elecciones, al tribunal que juzga el mayor escándalo de robo de fondos públicos, presuntos por ahora, protagonizado por el PSOE y la Junta de Andalucía. Dos presidentes de la Junta, uno de ellos hasta hace bien poco además Presidente del PSOE, están entre los centenares de acusados. Eso permitirá al Dr. Sánchez acusar cínicamente a su diestra de corrupción sin mayores réplicas.

Por mucho que lo diga una papela elaborada por Bacigalupo, la teoría de que no se debe estigmatizar al poder, curiosa y patética disculpa para que Felipe González no testificara en el caso de los crímenes de estado que fueron los GAL, permite que los ciudadanos vayamos a las urnas sin información relevante y tal vez votar a un delincuente o, lo que es peor, no votar a un inocente al que sus rivales políticos o mediáticos han enredado en trapisondas electoraleras por mor de los juicios paralelos en las televisiones de la siniestra siniestra. Y así, las altas togas siguen arrastrándose por el polvo del camino sin la venda en los ojos que simboliza la imparcialidad. Y los buenos jueces de pueblo, llorando avergonzados por este quilombo.

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