La virtud y la justicia

La virtud en un sentido más general, es la capacidad humana para realizar un propósito o cometido. Etimológicamente esta es la definición, pero desde el punto de vista de la Ética, su significado varía ostensiblemente. Y la identifica como la disposición adquirida que inclina a obrar bien en el sentido moral.

En la Ética a Nicómaco, Aristóteles caracterizó la virtud como el “hábito por el cual el hombre se hace bueno y por el cual realiza su función propia”. Las éticas materiales, de bienes o teológicas, consideran que la virtud es un medio para alcanzar los fines morales propuestos.

Kant propuso una ética deontológica que se despreocupaba de virtudes concretas para incidir en la virtud de la moralidad, consistente en algo -incondicionalmente bueno-, la voluntad que actúa como legisladora autónoma universal, simplemente por deber.

La Justicia interpretada éticamente, se considera como la virtud que tiende a dar cada uno lo que le corresponde. También se entiende como el conjunto de las virtudes que hacen hombre bueno a quien las practica, o virtud global que implica todas las otras virtudes morales particulares.

Esta visión de la justicia se remonta a los filósofos griegos de la antigüedad, Sócrates con su doctrina de la virtud como saber, y Platón, con su visión antropológica de la sociedad, que es justa del mismo modo que un hombre se hace justo –por el equilibrio de las virtudes de la templanza, la valentía y la prudencia–.

La virtud y la justicia son dos conceptos que comparten un camino común, en pos de la honorabilidad y honestidad del hombre, algo tan depreciado últimamente por la forma de actuar de los humanos, que buscan en la maldad unos puntos de convergencia, donde delinquir es la premisa fundamental que define a estos seres desvirtuados, a los cuales la Justicia no trata con igual vara de medir a la hora de juzgarlos y sentenciarlos, algo que está generando un enorme malestar en la sociedad española.

Los delitos que más han proliferado en España últimamente, son muchos, pero todos caben bajo el paraguas de la “corrupción”, que es con creces el “pecado capital nacional”, ya que su práctica es semejante a una pirámide invertida, donde de más a menos, según el status que representa el hombre dentro de ese organigrama, se inicia ese peregrinar infame, donde como dice los murciános, “afanar”* cuanto más se pueda mejor.

O para decirlo de una forma más expresiva, –a mayor representatividad más facilidad para coger–. La Justicia está totalmente vulgarizada, la concomitancia que debiera existir entre el ministerio público y la judicatura, se ha ido deteriorando, posiblemente por cuestiones personales generados dentro de sus propios ámbitos.

Aquellas prosaicas definiciones de “jueces estrellas”, que especialmente hizo mella en Baltasar Garzón, que se endioso de tal manera que ya no juzgaba, sino “pontificaba”, desde el estrado que ocupaba en los palacios de Justicia, creyéndose poco menos que era el Sumo Hacedor de la Justicia, la Ley y el Orden y que con su dubitable sapiencia, creía que sus apreciaciones jurídicas eran infalibles, -solo se considera infalible al Papa cuando trata temas relacionados Dios, la iglesia y la religión- algo que juntamente a su ambición desmesurada, le llevo inmiscuirse en un procedimiento que no le atañía, lo que motivo lo separaración…… o “expulsión” de la carrera judicial.

Las últimas sentencias emitidas por diferentes estamentos judiciales, con especial incidencia las referidas, –a la Audiencia nacional y a la de Palma–, (tarjetas black y caso NOOS), están generando una serie de enfrentamientos en el seno de la sociedad española, propiciados especialmente por los llamados programas del corazón, emitidos por una serie de canales televisivos, entre los que destaca algunos de mediaset España, como son los de Sálvame, Mujeres hombres y viceversa, a los cuales como no podía ser menos, también se han sumado a tan nocivo y poco ilustrativo comportamiento, los tertulianos de la CUATRO y la SEXTA.

Los personajes que se encargan de realizar estos programas, que atentan de una manera muy subjetiva, contra la procedencia e improcedencia del contenido de las sentencias citadas, en lo relacionado con las penas impuestas, criticando especialmente la cortedad de las mismas, algo que no satisface a nadie, pero lo que no puede es confundir a la sociedad argumentando, una serie de cuestiones inherentes a las mismas, invadiendo las competencias de los jueces y fiscales, dudando, lo que es aún más grave de su profesionalidad.

Estos sujetos ávidos de un execrable protagonismo, se dedican hablar y a comentar, sobre algo de lo que no tienen “ni zorra idea”, obviando la verdadera realidad de las cosas, “en este caso de las leyes”, que regulan todas estas situaciones en torno a las sanciones y sentencias judiciales, donde existe la “provisionalidad”, los recursos, en este caso el de casación, cuya actuación culmina ratificándola o alterándola, según manifiestan expertos juristas, como es el caso del televisivo, Marcos García.

Es muy posible que sea alterada la que nos ocupa, ya que el fiscal anticorrupción de Palma, Pedro Horrach, recurrirá ante al Tribunal Supremo, solicitando que la misma se amplíe aproximadamente a once años, por unos supuestos delitos que al parecer no fueron debidamente juzgados en su momento, pero que penden cuan espada de Damocles sobre las cabezas de, Urdangarin y Torres, por supuestos delitos de corrupción.

De ser así tendría que cumplir el yerno del rey emérito, aproximadamente diecisiete años y meses de privación de libertad.

Por lo tanto hay que tener paciencia y esperar como mínimo un año o algo más, a que el Tribunal Supremo decida al respecto. No obstante soy de los que comparto como muchos españoles, que la Justicia en España está bastante deteriorada, y que su forma de actuar no es nada equitativa, lenta y en algunos casos hasta subjetiva. Somos muchos los españoles que esperamos, que la justicia no haga oídos sordos a la hora de sancionar a los “insurrectos” catalanes, y que tomando como referencia el Código Penal les aplique las penas máximas contempladas para este tipo de delitos, donde la ambigüedad y los paños calientes no generen más incertidumbres, y si racionalidad a la hora de sentenciar estos actos repugnantes y execrables, que tanto daños le esta haciendo a la indisolubilidad de España, que siguen dándose en Cataluña a pesar de que siga vigente el artículo 155 de la Carta Magna.

(*) En la región murciana “afanar” equivale a “robar”, en el sentido más estricto de la palabra.-

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