Los jefes de servicio del Ayto. de Telde, Francisco Martín y Diego Hernández, se sentarán el el banquillo

El funcionario Jesús Santana Marrero, les acusa de no haber activado el protocolo fijado para casos de acoso laboral tras una denuncia

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El funcionario municipal, Jesús Santana
El funcionario municipal, Jesús Santana

El próximo lunes, 8 de mayo a las 10:20 horas, se celebrará la vista oral del juicio en el que se aclarará si el Ayuntamiento de Telde y dos jefes de servicio incumplieron la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al no haber activado el protocolo fijado para casos de acoso laboral tras una denuncia del funcionario Jesús Santana Marrero.
 
El funcionario asegura que que pese a las reiteradas advertencias al jefe de Personal, Francisco Martín, y al de Prevención, Diego Hernández. ninguno de los dos altos cargos del Ayuntamiento puso en marcha los mecanismos que prevé la resolución del 5 de mayo de 2011 que emitió la Secretaría de Estado para la Función Pública sobre los protocolos de actuación a aplicar frente al acoso laboral en las administraciones públicas. En ese sentido, pudieron haber incumplido los artículos 14, 15, 16, 17, 22 y 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 
Suso Santana lleva dos años con esta lucha, desde que en junio 2015 se inicia el mandato, y el nuevo gobierno decide prescindir de sus funciones como coordinador de la Escuela Municipal de Folclore, y también de Parques y Jardines.
 
A partir de ese momento, sufrió meses de inactividad en los que se vio sin despacho, ordenador, teléfono y vehículo, lo que le generó daños psicológicos y motivó incluso la intervención de la Inspección Laboral. Advirtió al Ayuntamiento de que estaba sufriendo acoso y en todo un año no se le aplicó el protocolo debido, pese a que, señala Santana, sí se hizo lo propio con otros casos.
 
Suso Santana pide una indemnización de 60.000 euros al Ayuntamiento de Telde
El demandante pide una indemnización de 60.000 euros al Ayuntamiento. Si el juzgado falla a su favor, los dos jefes se exponen a que se les atribuya la comisión de una falta muy grave, la prevista en casos de acoso, en el estatuto básico del empleado público, que podría conllevar suspensión de empleo y sueldo.

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