Plan de Viviendas de Canarias

No debería ser necesaria, pero la primera impresión sobre el plan debe ser una valoración formal centrada en su propia redacción. Y es que a partir de la introducción entre las páginas 76 y 124, encontramos gran cantidad de faltas de ortografía y errores de puntuación que resultan intolerables para un documento público y de la trascendencia social como este.

Además de eso, en la parte del análisis previo que ocupa más de un tercio del plan, se van intercalando gráficos absolutamente ilegibles, unos extraídos de unos informes con otros de elaboración propia, dando la impresión de que el estudio realizado es un simple trámite para llegar a las conclusiones que se habían fijado como punto de partida. Algo que resulta también impropio de un documento que pretende responder a la problemática del acceso a la vivienda a partir del análisis de los datos socioeconómicos reales. Lo dicho, es lamentable.

Como datos más importantes, el Plan de Vivienda recoge literalmente las conclusiones del pacto Social, pasando a ser sus directrices o ejes estratégicos y, además, fija 14 programas concretos para la obtención de nueva vivienda pública y rehabilitación. En números, los objetivos se resumen en la creación de 5.971 viviendas en el período 20/25, sumando las 88.195 actuaciones, y una inversión total de 664 millones de euros en cinco años, aportados por el Estado y fondos de la Comunidad Autónoma. Los instrumentos propios para la gestión de las iniciativas son el ICAVI y VISOCAN, y lo más novedoso es que los ayuntamientos, bien directamente o bien a través de sus empresas públicas de vivienda (en Telde sería Fomentas), podrán participar directamente en la puesta en marcha del plan de viviendas, a través de la mejora en la coordinación entre administraciones para garantizar el cumplimiento de la función social de la vivienda.

No obstante, falta un documento imprescindible para su desarrollo: el Decreto que regule las actuaciones del Plan, es decir, un documento que lo haga operativo. Aún no se ha publicado y será esencial para concretar las actuaciones que ampliarán la oferta de vivienda pública y, sobre todo, el tipo de participación privada. Es importante porque la directriz está perfectamente definida, pero no el cómo se llevará a la práctica. Han pasado nada menos que ocho meses desde la presentación del Plan de Viviendas y aún desconocemos cómo se pretende llevar a la práctica y cuándo se le dotará económicamente. Parece que los políticos desconocen que el proceso de construcción de viviendas suele necesitar años para hacer una promoción y, por tanto, es necesario aclarar cuanto antes estas directrices para que se cumplan los objetivos que se marca el plan. En otras palabras, deberíamos haber empezado ayer.

Estas dudas fueron recientemente compartidas por los ponentes en las jornadas que el Colegio de Arquitectos dedicó al acceso a la vivienda dentro del ciclo “Ciudades y Comunidades sostenibles de Canarias”. El plan de viviendas y las ayudas de la Comisión Europea, aún sin existir todavía un marco concreto, son una gran oportunidad para recuperar el tiempo perdido en la construcción de vivienda pública porque llevamos nada menos que 11 años sin hacer ninguna nueva promoción, y eso ha tenido una gran influencia tanto en la posibilidad de acceder a una, como en el alza en los precios de venta y alquiler. La ineficiencia de las administraciones y su escasa previsión es, en buena parte, responsable de que en la actualidad las viviendas sean de muy difícil acceso para muchos canarios.

Queda claro que la creación de viviendas públicas, bien en régimen de alquiler o en propiedad, aliviaría no solo la demanda, sino también los precios de las viviendas de renta libre.

Sin partidas económicas asignadas para el plan, sin un marco regulador y sin base estructural para acceder a los fondos europeos de recuperación, cifrados en 62 millones de euros, queda claro que el Plan de viviendas interpela directamente a la capacidad de gestión de las administraciones, especialmente a los ayuntamientos.

En este sentido, cabe preguntarse: ¿Seremos capaces de gestionar las ayudas europeas y estatales? ¿Tenemos capacidad para emplear esos fondos europeos para no llegar a un incumplimiento de gestión y, en última instancia, no poder aprovecharlos? ¿Qué proyectos pueden presentar las administraciones para acogerse a las ayudas y en qué porcentajes serán financiados?. Para evitar todo esto, tenemos que empezar a dotarnos de personal cualificado para generar proyectos, sinergias entre los distintos colegios profesionales, entre agentes sociales y las administraciones, simplificar los trámites administrativos, adaptar el planeamiento insular y municipal y, en especial, fomentar la colaboración público-privada, ya que aún siendo uno de los ejes del plan de viviendas, no está planificado aún cómo se va a materializar. El objetivo está claro, pero la puesta en práctica es aún difusa.

En materia de rehabilitación tenemos también una gran oportunidad para generar economía y resolver los graves problemas que presenta un parque de viviendas anticuado y obsoleto. Es cierto lo que en este sentido apunta el gerente de Fomentas sobre que la mayoría de las viviendas sociales del municipio no tienen calificación energética, y los fondos europeos seguramente exigirán que se invierta sobre todo en esta materia, lo cual nos llevaría a costes desproporcionadas en función de las necesidades reales, más centradas en la mejora de la habitabilidad y la accesibilidad.

Tampoco parece acertada la estrategia de hacer múltiples intervenciones, es decir, desmenuzar el escaso presupuesto con el que se va a contar, porque así se podría diluir el objetivo principal, que no es otro que mejorar el bienestar de un sector importante de la población que lleva muchos años demandándolo. Por tanto, coincidimos con el gerente que la fase de análisis previo de las inversiones que son más importantes debería estar ya en marcha para cuando lleguen esos fondos poder ser eficientes en su gestión y las ayudas sean efectivas. En esto no hay tiempo que perder y en este sentido nuestros responsables políticos municipales no están haciendo nada.

Los concejales de Ciudadanos (Cs) en Las Palmas de Gran Canaria han señalado un camino para facilitar la puesta en marcha de este plan. Han presentado una enmienda a los presupuestos municipales para la creación de una Oficina de la Vivienda Pública, compuesta por un Servicio operativo que cuente con personal técnico y administrativo, y que tenga dotación presupuestaria suficiente para lograr el acceso a vivienda protegida a precios asequibles en el municipio.

Debemos prepararnos para lo que viene, pues el tiempo corre y lo hace en contra de miles de personas que necesitan urgentemente ser atendidas porque, como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan, hasta que recibe el primer puñetazo.

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